SISTEMAS QUE FUNCIONAN, HÉROES QUE NO EXISTEN


Aránzazu San Ginés Secretaria de LI²FE


Septiembre, el mes de la vuelta a las aulas. Cuando era niña, en una época en la que eso

del ‘acoso escolar’ no le sonaba a casi nadie, tuve yo un ingenioso profesor cuyos

calificativos, en referencia a algunos de sus alumnos, provocaban las risas de casi todos.

¿Se imagina que llamasen a su hijo ‘diarrea mental’? Pues precisamente ese se convirtió

en el mote de uno de mis compañeros de clase por la divina intervención de mi querido

profesor. Sí, yo apreciaba a ese hombre. Conmigo siempre había sido amable y además

me gustaban sus clases. Su cruel uso de los calificativos ni me afectaba, ni me parecía

que estuviera fuera de lo normal. Hoy me avergüenzo. Qué tendrá la normalidad que

nos hace insensibles a lo injustificable.


Recuerdo también otros insultos y malos modos que comenzaban, esta vez, en el patio

del colegio, y que habitualmente no encontraban un contrapunto tajante en las aulas. Me

atrevería a decir que por aquel entonces era bastante peor denunciar que no hacerlo. En

unos casos el propio profesor acababa incorporándose a la broma, y en otros, si bien

reprendía a los responsables, lo hacía con poca convicción. En cualquier caso, todo

seguía igual –e incluso puede que algo peor– para ‘la pestosa’, ‘el poti-poti’ o ‘el cara

veinte duros’. Qué mal lo debieron pasar.



Afortunadamente, lo que hace 30 años formaba parte de la normalidad, ha dejado de

serlo. El acoso escolar es un problema grave y reconocido, y las instituciones se han

marcado como prioridad el encontrar la mejor forma de enfrentarlo en beneficio de

quienes lo sufren. En esta línea, el pasado mes de abril el Consejo de Gobierno de la

Comunidad de Madrid aprobaba un decreto en el que se establecía el marco regulador

de convivencia en los centros docentes de la región. En él, por ejemplo, se considera

deber de los alumnos (p.14):


[c]omunicar al personal del centro las posibles situaciones de acoso o que puedan poner

en riesgo grave la integridad física o moral de otros miembros de la comunidad educativa

que presencie o de las que sea conocedor.

La omisión de este deber se considera una falta grave.


Me pregunto qué efecto habría tenido en mí el conocimiento de esta obligación hace

30 años. Creo que ninguno. Denunciar supone exponerse, y al hacerlo, convertirse en

posible foco de la peor atención posible, la del insulto y el acoso. Denunciar requiere

confianza en quien atiende la denuncia. Si la confianza en la persona o el sistema no

existe, un sencillo acto de denuncia se convierte en una heroicidad. Lo mismo cabe

decir con respecto a docentes y administradores. En ocasiones la situación puede ser

tan violenta, tan delicada para quienes conviven diariamente con ella que requiere de

la intervención de un juez externo, alguien encargado de afrontarla y, una vez

concluida su labor, marcharse. La figura del inspector es fundamental en estos casos.

Debería ser esta la figura de confianza, que cumple con la legalidad y la aplica en

casos muy graves. No basta con que un inspector informe y asesore a los equipos

directivos; en casos de riesgo contra la integridad física o moral, el centro o los

propios padres del pequeño deberían poder acudir directamente al inspector y

solicitar su intervención inmediata en el asunto.


Nadie debería verse obligado a convertirse en un héroe. Es más, me atrevo a decir

que el mejor sistema posible es aquel en el que los héroes no existen.

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